Apple ha afirmado que millones de consumidores inocentes serán puestos en riesgo por la llamada Snooper’s Charter (carta espía o fisgona), mientras que los terroristas y los hackers continuarán operando sin obstáculos.
En una comunicación de hoy a los diputados de Investigación de Control de Proyecto de Leyes, el gigante californiano dijo que este proyecto de ley va a “provocar graves conflictos internacionales” al obligar a las empresas no británicas a romper el cifrado de datos, hackear sus clientes y violar las leyes internacionales en sus países de origen.
De acuerdo con el proyecto de ley, el cifrado de datos sólo podrá romperse bajo una orden de las agencias de inteligencia. Sin embargo, Apple advirtió que “esta posibilidad no estará ahí solo para los buenos. Los malos tendrían la oportunidad de encontrar la forma de llegar a este fin de igual forma o utilizando otras artimañas”.
El presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, dejó claro en una entrevista exclusiva con el Daily Telegraph el mes pasado que: “No creemos que la gente quiera que leamos sus mensajes. Nosotros no sentimos que tenemos el derecho de leer sus correos electrónicos. Creemos firmemente en el extremo del cifrado y no en puertas traseras “.
De hecho, varios de los núcleo que Apple ofrece como iMessage y FaceTime ya cuentan con el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que es imposible que Apple pueda cumplir con la ley en su forma actual.
Para obedecer esa orden, la empresa tendría que construir servicios completamente nuevos, que es altamente inviable.
Apple también se preocupa en que la ley va más allá de las fronteras del Reino Unido, requiriendo a cualquier empresa extranjera que cuente con consumidores británicos, incluso si sus países tienen leyes en conflictivas con este proyecto, como las leyes de privacidad que Estados Unidos tiene actualmente.
Esto paralizaría varias empresas multinacionales, en particular las del sector tecnológico que tendría que lidiar con decenas de leyes específicas de cada país que son contradictorias.
El comité tiene hasta mediados de febrero para reunir pruebas y recomendar cambios a la ley propuesta.